Un testigo introdujo en la investigación el nombre de un ex compañero de escuela de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados enterrados en un jardín de la calle Congreso 41 años después de su desaparición
El misterio del cadáver de Diego Fernández Lima, hallado 41 años después de su desaparición en una casa de la avenida Congreso junto a una propiedad donde vivió Gustavo Cerati recrudece con un nuevo capítulo. Ahora, hay un sospechoso, alguien que, según investigadores, conoció a la víctima en vida y residió en la casa donde se hallaron los restos.
Su nombre fue aportado por un testigo que se presentó en la fiscalía del caso, a cargo del doctor Martín López Perrando, ante la mediatización del caso. El dato sorprendió a los Fernández Lima. Según la fiscalía, Graf había pasado desapercibido para los familiares de Fernández Lima: no era de su círculo cercano de amistades del colegio ni del club Excursionistas, donde Diego jugaba al fútbol, de acuerdo a un comunicado publicado en el sitio de la Procuración. Sin embargo, 41 años después, su cadáver aparece en el jardín de su familia.
Para empezar, Diego fue asesinado. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, citado por López Perrando, que identificó a Fernández Lima gracias al ADN hallado en sus huesos cotejado una muestra de su madre, determinó una muerte violenta y un posible intento de descuartizamiento.
Pero, de acuerdo a la ley argentina, el crimen de Diego prescribió hace casi 20 años: el plazo que establece la ley para investigar el caso es de 25. No se trata de un hecho de lesa humanidad cometido por las fuerzas del Estado, el único crimen imprescriptible en el país. El responsable, o los responsables, de matar a Diego y encubrir el crimen no pagarán su culpa con cárcel.
¿Qué puede hacer el fiscal, entonces?
El abogado y docente Jorge Monastersky, en una columna publicada ayer por este medio, aseveró: “Como legalmente está extinguida, corresponde declarar la prescripción. Opera automáticamente por el mero transcurso del tiempo y debe ser declarada de oficio por el juez en cualquier estado del proceso. Esto significa que, al constatarse el vencimiento del plazo legal, la investigación no puede continuar, aun cuando exista voluntad del Ministerio Público Fiscal de avanzar”.
De acuerdo a diversos trascendidos periodísticos, López Perrando evaluaría citar a Graf que, desde ya, no se encuentra imputado. Sin embargo, no habría castigo alguno, para nadie. Nadie puede obligar a nadie a responder por Diego Fernández Lima. “Si bien por el paso de los años, la acción penal está prescripta, desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 procuran avanzar con la investigación para reconstruir los hechos y cumplir con la tarea de poder brindarle a la familia de la víctima la verdad sobre lo sucedido”, continúa el comunicado de la Procuración.
Esta paradoja automáticamente enfrenta una familia con una pregunta de manual: ¿qué hicieron los Graf, tantos años, con el cadáver de un compañero de su hijo en la tierra del jardín?