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martes, octubre 15, 2024

El Gobierno ratificó la apertura inminente de las importaciones y las empresas le pidieron más tiempo

  • Fue durante la reunión con la secretaría de Comercio.

Pese al descontento que generó la decisión en los pesos pesados de la industria, el Gobierno decidió avanzar en una suerte de apertura de importaciones y aseguró que en las próximas horas oficializará la medida que alcanza a más de 40 variedades de alimentos y bebidas, productos de higiene y cuidado, limpieza y medicamentos, en medio de la preocupación por los aumentos de precios en marzo.

“La medida es necesaria para impulsar la baja de precios, quedaron caros en relación a los precios en dólares“, señaló el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, durante una reunión que mantuvo este miércoles por el lapso de una hora con el titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, y un grupo de ejecutivos, en la sede de esa dependencia.

Durante el encuentro solicitado de urgencia por la Copal y la UIA, Funes de Rioja cuestionó la forma en que se decidió reducir el plazo de pago de importaciones a 30 días y suspender por 120 días la percepción del IVA adicional y del impuestos a las Ganancias, y pidió otra reunión para analizar los cambios. “Una apertura indiscriminada puede generar distorsiones”, advirtió.

Lavigne se comprometió a seguir mejorando el esquema de pago de importaciones, pero se mantuvo incólume respecto a la orden de Javier Milei de “ir abriendo el mercado cambiario para que ingrese la competencia y acelerar el proceso de desinflación”. El Presidente se endureció este miércoles y apuntó contra los “formadores de precios” por supuestamente fijar precios con un dólar a US$ 2.500.

Por estas horas, el equipo de Luis Caputo ajusta los últimos detalles de la normativa, que incluirá una resolución con las posiciones arancelarias y una comunicación del Banco Central para implementar el calendario de pagos para los rubros elegidos, donde se pasará de un esquema de cuatro cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días) a un solo pago a 30 días. “Mañana sale”, aseguran.

El Gobierno estuvo analizando el costo fiscal para no complicar el acuerdo con el FMI. Es que la medida supondrá la pérdida de recaudación por IVA y Ganancias, y demandará reservas antes de lo previsto. Según datos del sector en base al INDEC, las importaciones de alimentos y tabaco insumieron US$ 1700 millones en 2023 y los medicamentos, US$ 2.600 millones.

Si bien las importaciones fueron flexibilizadas en forma parcial con la eliminación de permisos SIRA y SIRASE, el ministro de Economía extendió el impuesto PAIS y dispuso restricciones que permitieron aumentar los ingresos y comprar US$ 9.000 millones de reservas. Sin embargo, el repunte de los precios en marzo, un mes “complicado” según Milei, abrió un conflicto con el consumo masivo.

Las tensiones escalaron el jueves pasado, cuando Caputo convocó de urgencia al sector al Ministerio de Economía. Allí, el ministro se quejó de los niveles de precios y los fabricantes pidieron más controles impositivos a los sectores informales, en un tiro por elevación a Manaos. Luego, siguió la reunión con supermercadistas el lunes y ayer el Gobierno sorprendió con la decisión de “abrir las importaciones”, lo que motivó la reacción de la UIA y la Copal.

La difusión de un listado oficial más amplio en las últimas horas terminó de recalentar el clima. “Las empresas de la alimentación están enfurecidas”, reconoció un directivo de la UIA, que también preside Funes de Rioja. La central fabril alertó ayer que el anuncio “afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”, en medio de la caída de la actividad.

Con esta medida, el ministro subió al ring a Arcor, principal productor de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica y uno de los peso pesado de la industria que se vería más afectado. Pero en la Copal dudan que sirva para bajar precios y ven un “golpe de efecto” comunicacional. Los laboratorios nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), en cambio, apoyan la decisión oficial.

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