Según el Proyecto Omnibus, los derechos de exportación de los vehículos locales pasarán del 5% actual al 15%. En ADEFA estiman que cada auto exportado ya carga 20% de impuestos sin contar las retenciones.
A pocos días de finalizar 2023, en las terminales automotrices agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) los números provisorios arrojan que la producción va a superar las 600.000 unidades por primera vez desde el año 2014. Todavía no están los números finales, pero incluso es posible que se superen los 617.000 vehículos producidos durante aquel período.
Un 55% de esa producción, equivalente a más de 300.000 vehículos, fueron exportados. El mercado excluyente de los vehículos argentinos sigue siendo Brasil, donde ingresan con arancel cero gracias al acuerdo del Mercosur. Pero también llegaron, de a miles de unidades, a otros destinos regionales como Colombia, Perú, México, Chile y Ecuador.
Un dato no menor es que muchos de esos vehículos son pick ups, con un valor de exportación de alrededor de 25.000 dólares, equivalente a dos autos chicos.
Otro dato llamativo es que consiguen competir a pesar de su evidente falta de competitividad: en el comercio internacional se suele hablar de “precio FOB” (por “free on board”) para referirse a una mercadería libre de impuestos. Eso es precisamente lo que no ocurre con los vehículos argentinos que, al momento de ser embarcados al exterior, incluyen una carga impositiva que se les acumuló durante el proceso de producción entre Ingresos Brutos, Impuesto PAIS, Impuesto al Cheque y distintas tasas municipales de Seguridad e Higiene.
Según un estudio de ADEFA, esa acumulación indirecta de impuestos recarga un 20% el precio de exportación, contra una tasa cero para los vehículos exportados desde México o una tasa de 3% para los que son embarcados hacia el exterior desde Brasil.
Uno de cada dos de esos vehículos locales pagan además una tasa de 5% de retenciones a las exportaciones, un impuesto que el gobierno de Macri había quitado en enero de 2016 y que volvió a cobrar apenas dos años más tarde, tras la devaluación de mayo de 2018.
El gobierno de Alberto Fernández no quitó las retenciones a la exportación de vehículos, pero la atenuó: aplicó el concepto de “tasa cero” en el cobro de retenciones para las exportaciones “incrementales” por encima de los 137.000 vehículos exportados en 2020.
Con esa política, la retención a las exportaciones se fue licuando año tras año, a medida que la producción local aumentaba y también las ventas al exterior.
Hoy esa tasa nominal del 5% para los vehículos es inferior al 2,5% si se mide al sector en su conjunto, ya que las exportaciones totales rondarían las 340.000 unidades en 2023: 137.000 que pagan una tasa del 5% y más de 200.000 “incrementales” que se terminarán exportando a tasa cero.
“Aun con los derechos de exportación atenuados, la carga impositiva de un vehículo argentino al momento de ser exportado es del 20%, contra 3% de un vehículo brasileño“, señaló un importante directivo del sector, que participó del estudio realizado por ADEFA.
Dentro de la entidad están en alerta desde que el ministro Luis Caputo anunció un incremento de las retenciones a la exportaciones del 5% al 15%.
Ese anuncio quedó confirmado este miércoles con el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso: el artículo 201 del mega proyecto sube al 15% los derechos de exportación para todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que hoy pagan una tasa más baja. Para las automotrices, es la ratificación del anuncio del ministro Caputo.
“Nos parte al medio”, dijo sin vueltas uno de los directivos de las terminales. “Nos saca competitividad y podemos perder mercados a manos de competidores de otros orígenes o de otras filiales“.
El proyecto de ley del Gobierno sube impuestos y, además, reserva en su propio texto un espacio para la discrecionalidad que está contemplado en el artículo 207. Según ese artículo, el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a “estimular (…) el desarrollo de determinados sectores” (no especifica cuáles) y le permite reducir la alícuota de derechos de exportación “hasta cero por ciento”.
En ADEFA ya solicitaron una reunión con el nuevo secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, para exponerle la problemática del sector, que durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía acumuló una deuda con sus casas matrices de más de 5.000 millones de dólares que no pudo comprar al Banco Central entre marzo de 2022 y fines de este año.
Pero un ítem no menor de la reunión que vienen pidiendo incluye el reclamo de que no se les grave aún más la exportación de vehículos.
“Vamos a ver si somos incluidos dentro de ese artículo que pone retenciones cero. Habrá que ver si lo logramos“, agregó otro directivo del sector.