Luego de haber sido allanado en el marco de la investigación por presuntas coimas, el ex titular de la ANDIS fue el primero de los sospechosos en confirmar a sus representantes legales
A una semana de que se iniciara una investigación penal por un presunto cobro de coimas, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.
En el caso de Aráoz, se trata de un especialista en Derecho Penal de la Empresa, Penal Económico, Penal Aduanero y Penal Tributario. Además, es uno de los socios del estudio de abogados LRAR, según la información provista en el sitio oficial de la firma.
“Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, declaró el mandatario en el marco de la caravana que realizó el miércoles en Lomas de Zamora. Aunque todavía no se ha formalizado ninguna denuncia, fuentes cercanas a la Casa Rosada admitieron a Infobae que el tema estaría en evaluación y aguardaría por pruebas contundentes antes de efectuar una presentación judicial.
Hasta el momento, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, después de que designaran a Alejandro Vilches como interventor del organismo. De esta manera, el funcionario de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades detectadas en los procesos de compra y gestión.
Como resultado de la investigación interna, las autoridades identificaron que se realizó un pago con sobreprecio en el marco del programa Incluir Salud, el cual está destinado a la compra y entrega de medicamentos para las personas que no cuentan con cobertura médica o con pensiones no contributivas.
De acuerdo con el informe oficial, en agosto de 2025 se abonó un 27% más por el medicamento PEG Asparaginasa —clave para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda— en comparación con el precio abonado por el Ministerio de Salud un año antes. El precio en ANDIS se ubicó en 13.500.176 pesos mientras que la cartera lo adquirió por 8.274.027 pesos en 2024.
Este dato fue relativizado por funcionarios del Ejecutivo, quienes indicaron que aún no constituye un elemento suficiente para impulsar una denuncia. Según explicaron a este medio, tuvieron en cuenta que las operaciones ocurrieron en fechas diferentes y pudieron estar sujetas a variaciones de mercado.
No obstante, el proceso de auditoría aún no ha finalizado y desde el Gobierno esperan que pueda arrojar resultados más definidos en el corto plazo. Por esto, el propio ministro de Salud mantiene reuniones periódicas en la Casa Rosada, donde el tema de la agencia y las posibles derivaciones judiciales ocupan un lugar prioritario en la agenda política.
Por otro lado, la situación del ex titular de ANDIS estaría más comprometida, tras los nuevos audios que fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval. En esas grabaciones, Spagnuolo describió el supuesto reparto del mercado de medicamentos entre droguerías proveedoras del Estado y cómo una de ellas, Suizo Argentina, habría incrementado su participación en compras directas del Ejecutivo.
“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20”, explicaba el ex funcionario.
Mientras tanto, el juez federal Sebastián Casanello monitorea el caso. Aunque aún no hay ninguna imputación formulada en contra del ex director de ANDIS. No obstante, la aparición de nuevos testimonios y documentos sería clave para que el fiscal Picardi defina su situación.
En este sentido, existiría la posibilidad de que Spagnuolo pudiera ser imputado como presunto encubridor de la maniobra, porque no habría denunciado el hecho mientras estaba a cargo de sus funciones. Una obligación que tienen los funcionarios públicos, según se encuentra plasmada en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación.
Como alternativa, el ex titular de Discapacidad podría sumarse a la causa bajo la figura de colaborador, lo que implicaría que sea reconocido por la Justicia como un “testigo arrepentido”. En caso de optar por esta vía, tendrá que aportar datos certeros, verdaderos y relevantes a la investigación. Si no pudiera cumplir con los requisitos o brindara un falso testimonio, la ley penal prevé una condena mayor.