La medida busca facilitar el comercio exterior, reducir costos para los importadores, agilizar el desaduanamiento de mercaderías y mejorar los controles aduaneros.
El detalle de la normativa
Según la agencia de recaudación, la Dirección General de Aduanas (DGA) implantó una nueva normativa que permite a los importadores trasladar sus mercancías a un depósito fiscal para realizar allí las inspecciones físicas y documentales, brindando mayor flexibilidad y reduciendo tiempos en el proceso.
Para garantizar la seguridad del traslado, las cargas deberán ser acompañadas por personal de seguridad, contar con guía satelital y estar protegidas mediante el Precinto Electrónico de Monitoreo (PEMA). En una primera fase, la iniciativa se aplicará en la zona Metropolitana, donde hay 45 depósitos fiscales habilitados, y posteriormente se extenderá a todo el país conforme a un cronograma aún por definir.
Hasta el momento, los importadores debían mantener sus contenedores en terminales portuarias hasta que fueran inspeccionados por la DGA, lo que generaba costos operativos elevados, especialmente en aquellos casos sujetos a control físico dentro del Canal Rojo de selectividad.
Con este nuevo esquema, “ARCA reafirma su compromiso con la modernización de los procedimientos aduaneros y la optimización de recursos, facilitando el comercio internacional y mejorando la competitividad argentina”, menciona el texto oficial.
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Excepciones: El traslado no estará permitido para aquellas operaciones que, según la matriz de riesgo, no corresponda su traslado.
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Precinto Electrónico de Monitoreo (PEMA): Se utilizará el PEMA para garantizar la seguridad de la carga durante el traslado hasta el depósito fiscal.
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Presentación de la destinación de importación: La presentación de la destinación de importación y la asignación del verificador se realizarán en el depósito fiscal de destino.
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Normas complementarias: Se faculta a la Dirección General de Aduanas a dictar las normas operativas complementarias para la implementación de esta medida.
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Vigencia: La resolución entrará en vigencia a los 30 días corridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial.